Violencia doméstica: crecieron un 8,2% las presentaciones con personas mayores afectadas

En 2025, la OVD registró 1.075 personas mayores afectadas por situaciones de violencia doméstica. El 75% eran de sexo femenino y en una de cada cuatro situaciones evaluadas se identificó un riesgo alto o altísimo.


Imagen Nota

17 de junio de 2026

En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemoró el 15 de junio, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó datos sobre las presentaciones con personas mayores afectadas por situaciones de violencia doméstica durante el año 2025. 

En ese período, el 11% (1.116) del total de las presentaciones recibidas en la OVD involucró a personas mayores. Se trató de un 8,2% más de presentaciones que en 2024, cuando se habían recibido 1.031 casos de este tipo. 

Las presentaciones involucraron a 1.075 personas mayores afectadas y, en 64 casos, sus situaciones fueron evaluadas más de una vez durante el año. 

El 75% de las personas mayores afectadas eran de sexo femenino. Asimismo, el 17% tenía algún tipo de discapacidad y los equipos médicos de la OVD constataron lesiones en el 12% de las personas mayores afectadas. 

Las personas denunciadas fueron sus hijos o hijas en el 52% de los casos y sus parejas o exparejas en el 22%. 

La violencia psicológica fue la más frecuente, presente en el 97% de los casos evaluados. Le siguieron la violencia ambiental (43%), y las violencias física y económica patrimonial (38% cada una), entre otros tipos de maltrato.

En estas situaciones, los equipos interdisciplinarios de la OVD evaluaron el riesgo como altísimo o alto en el 25% de los casos.

Sobre la OVD

La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibe denuncias por situaciones de violencia doméstica todos los días del año, durante las 24 horas, en su sede ubicada en Lavalle 1250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuenta con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la abogacía, la psicología, la medicina y el trabajo social, quienes reciben el relato de las personas afectadas, realizan evaluaciones de riesgo, constatan lesiones y efectúan las derivaciones judiciales y no judiciales correspondientes.